El organismo multilateral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) de México hicieron "un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior".
Los dos organismos pidieron un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad, "bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas".
A pesar de algunos cambios que se aplicarían al proyecto legislativo, planteado originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto, aún presenta "aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México", advierten ambas organizaciones.
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Las observaciones al proyecto son de tal envergadura y las voces en contra son tan diversas, que "resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana", dice el planteamiento a las instituciones del Estado.
El proceso legislativo debe terminar este viernes, ante lo cual el organismo de la ONU y el defensor federal del pueblo demandaron "prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada".
Tanto los agentes estatales como los federales "siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas", según el alto comisionado.
Peña Nieto y el oficialismo afirman que los militares son necesarios en tareas de seguridad pública, porque el país carece de las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad.
