"Corte Suprema ratificó la prisión domiciliaria para Sala", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
El quinto ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, dispuso remitir la causa para que se pronuncien los tribunales inferiores sobre las directrices de la CIDH.
A juicio de este magistrado, no corresponde establecer un criterio sobre lo decidido por órganos interamericanos, ya que la única cuestión que atañe a la Corte es sobre la procedencia de la prisión cautelar, no sobre las condiciones de arresto de la imputada.
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La Corte aceptó que el tribunal provincial dictaminara la restricción de la libertad tras considerar que los hechos denunciados en ese expediente se realizaron en un escenario que incluiría la intimidación, dados los testimonios de varias personas que manifestaron haber tenido miedo hacia la acusada.
La prisión preventiva fue entonces justificada, a juicio de la Corte, por la "existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses".
No inmunidad
La legislación de este bloque se circunscribe a la de juzgamiento civil o penal por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de las funciones de uno de sus legisladores.
La "inmunidad de arresto" que alegó Sala en su defensa solo fue otorgada a los legisladores del Parlasur en el Estado sede del Parlamento, es decir, Uruguay.
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La dirigente social, por lo tanto, no se vio perjudicada en su "libertad de circulación" o "libertad de desplazamiento", dado que al momento de ser citada por el Parlamento del Mercosur como parlamentaria electa ya se estaba detenida por un motivo ajeno a su labor parlamentaria.
Por ello declaró inconstitucional el artículo 16 de la ley 27.120 sobre la elección de parlamentarios del Mercosur, invocado por Sala, al considerar que los legisladores argentinos en el Mercosur se equiparan a los diputados nacionales en cuanto a inmunidades parlamentarias.
Líder social
Milagro Sala, líder de la organización barrial Tupac Amaru, fue detenida en el penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, el 16 de enero de 2016 por un acampe de protesta que realizó en 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador de la provincia.
La justicia jujeña le concedió el arresto domiciliario el pasado 16 de agosto en reconocimiento a la resolución de la CIDH que, por primera vez, concedió una medida cautelar por la libertad de una persona.
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Sin embargo, por decisión del juez provincial Pablo Pullen Llermano, la activista volvió el pasado 14 de octubre al Penal del Alto Comedero, donde estuvo detenida hasta el pasado 31 de agosto.
La decisión de revocar la prisión domiciliaria fue tomada por la Cámara provincial de Apelaciones de Jujuy el pasado 29 de septiembre.
