"La ley aprobada tiene una dedicatoria para la oposición, el proceso se aceleró y avanza muy rápido (en el Congreso), justo cuando se comienzan a definir las candidaturas para las elecciones presidenciales de 2018", dijo a esta agencia Lisa Sánchez, experta de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
El proyecto de ley fue presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, y súbitamente fue aprobado en comisiones y por el pleno de la Cámara de Diputados, solo con los votos del oficialismo.
"La autoridad civil ha quedado subordinada al mando militar" añadió Sánchez.
La experta estima que la ley otorgará al Gobierno facultades discrecionales "para que determine el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en detrimento de las fuerzas policiales".
En efecto, el texto aprobado indica que esas acciones militares "pueden modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la República", es decir por decreto presidencial.
Pero la iniciativa "trasciende el ámbito de la seguridad, pues el objetivo último es hacer imposible el acceso a la oposición al Gobierno", señaló Sánchez.
Se trata, prosiguió, de una ley que "carece de pesos y contrapesos, que fue diseñada sin acceso a la información y sin rendición de cuentas transparente".
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Cuestionó además que el oficialismo haya descartado la propuesta de cientos de expertos nacionales la sociedad civil y organismos internacionales.
Los expertos plantearon "crear instituciones fuertes de procuración de Justicia expedita y reglamentación del uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública", dijo.
La experta deploró que actualmente el país carezca de instituciones fuertes, y que están acéfalas las fiscalías federal, anticorrupción y contra delitos electorales, a solo siete meses de los comicios.
Responsabilidad de Peña Nieto
La coalición gobernante que encabeza el PRI aprobó la ley contra viento y marea, y "eso marca un retroceso histórico en la protección de los derechos humanos", lamentó la directiva.
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El PRI y el presidente "no hicieron caso de las llamadas de atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU", deploró Culebro, que ha abogado por casi tres décadas por las víctimas de violaciones a sus garantías individuales y de abusos del uso de la fuerza.
"La legalización de políticas autoritarias será la tónica del último año de Peña Nieto en la presidencia y de la campaña de su partido hacia las elecciones del año próximo", anticipó Culebro.
Los militares tienen una década actuando en las calles desde que el expresidente Felipe Calderón (centroderecha) declaró la guerra abierta contra el crimen organizado y el narcotráfico, saldada con más de 100.000 vidas perdidas y más de 32.000 personas desaparecidas
La experta señaló que "hay actualmente cerca de 50.000 militares en las calles, con la aprobación de esta ley se subirá el número de éstos".
Los dos organismos son parte del Colectivo Seguridad Sin Guerra de más de 200 organizaciones y expertos que exigió in extremis que el pleno de la Cámara de Diputados escuchara "los reclamos de la ciudadanía y atiendan nuestras propuestas" ante la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.
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Peña Nieto y el oficialismo esgrimieron que en México "no existen las capacidades policiales" para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país.
