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Perú: ¿un "Estado ausente y tóxico"?

CC0 / Pixabay / La bandera de Perú
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La minería y otras industrias extractivas han permitido a Perú mantener parte de su buen desempeño económico en los últimos años. Sin embargo, esta industria tiene una costosa contracara: la salud de las comunidades afectadas por altos niveles de metales pesados tóxicos en el ambiente.

Abortos espontáneos, caída de pelo, malformaciones o retrasos en el crecimiento son apenas algunos de los padecimientos que sufren miles de peruanos debido a la presencia de plomo, mercurio, arsénico o cromo en zonas cercanas a yacimientos mineros. Los pobladores —muchas veces de estratos sociales vulnerables— mueren por estar en contacto con estas sustancias.

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Así lo explicó a Sputnik Abel Gilvonio, investigador y responsable de incidencia política de la ONG Cooperacción, una de las entidades organizadoras del Encuentro Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, con delegados de "comunidades enteras" afectadas por esta "seria" problemática a lo largo y ancho del país.

El experto puso como ejemplo la ciudad de Cerro de Pasco, considerada la capital minera de Perú, por sus yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. En el "medio" de esa localidad, ubicada en el centro del país, "hay un tajo abierto" que impacta sobre la salud de los más de 300.000 habitantes que viven alrededor hace más de 20 años.

"Perú es un Estado ausente y tóxico que no tiene una línea de base en la salud ambiental del país. Ese ha sido un tema central de discusión y conversación y una exigencia que se va a plantear en las diversas reuniones que se tienen planificadas para denunciar estos casos con los ministros, la Defensoría del Pueblo y congresistas", afirmó Gilvonio.

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Perú es el segundo productor mundial de cobre y de plata; y se ubica entre los principales extractores de oro en todo el planeta. Aunque la minería es de vital importancia para la economía, el manejo de los residuos y una planificación sustentable de la actividad no se están llevando a cabo, consideró el experto.

"No hay una investigación desde el Estado, ni una aplicación central de la salud ambiental, ni un monitoreo real de los impactos que se tienen desde las industrias extractivas", aseveró.

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Buena parte de la información y relevamientos recae sobre la sociedad civil, que no encuentra respuestas en las autoridades tras presentar informes, como por ejemplo lo hizo Amnistía Internacional sobre la situación en las minas de Espinar y Cuninico en agosto de 2017.

El problema se agrava zonas donde escasea el agua. No acceder a fuentes potables incide de peor manera en la salud de las personas, por lo que también se reclama una política de cuidado de este recurso y no solo "cuidar las cabeceras de cuencas".

El Estado, dijo Gilvonio, responde de manera "muy lenta", debido a que hay "demasiadas presiones de empresas". El experto puso como ejemplo el caso de la multinacional Glenncore, a cargo del proyecto minero de Antapaccay, en Espinar, que se negó a recibir delegaciones externas de otros países ante las denuncias de contaminación.

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