"El Gobierno ucraniano dio ciertos pasos encaminados a ayudar a los desplazados internos, pero (…) debe hacer más, es en su interés, (…) el Gobierno debe optimizar el proceso de pago de las jubilaciones y reiniciar los prestaciones sociales", dijo la diplomática al intervenir en una mesa redonda dedicada a los problemas de los desplazados.
En noviembre de 2014 el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, firmó un decreto que impuso de hecho un bloqueo económico a Donbás, obligando a los jubilados a registrarse en territorios controlados por Kiev para poder recibir sus pensiones.
Yovanovitch subrayó que no se trata de ayuda humanitaria, sino de "recursos financieros que esas personas se ganaron después de décadas de trabajo para el Estado".
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La embajadora estadounidense resaltó que los trámites burocráticos que tienen que pasar los desplazados para recibir esos pagos deben ser reducidos y subrayó que el dictado de registrarse en los territorios que se encuentran bajo el control de Kiev "contradice los valores europeos, a los que aspira Ucrania".
Para Yovatovitch, resulta evidente que las autoridades de Ucrania deben presentar un presupuesto y un apoyo político al ministerio que se dedica a los "territorios ocupados", para que el mismo pueda ejercer su labor de manera eficiente.
Desde abril de 2015 las autoridades de las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk se encargan de pagar las pensiones a los jubilados que viven en esos territorios y desde mayo comenzaron a pagar salarios a todos los que trabajan en el sector público.
