"El Gobierno de México reiteró que el Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en nuestro territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres", dijo ante los jueces de la Corte el vicecanciller para Asuntos Multilaterales y DDHH, Miguel Ruiz Cabañas.
Las agresiones incluyeron "tocamientos y la introducción de dedos en la vagina", y en un caso "penetración en el ano", mientras que médicos legistas y agentes del Ministerio Público federal de México las maltrataron, les negaron apoyo, al extremo de que "fueron socarrones al desestimar sus denuncias" y pusieron en duda sus testimonios.
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En marzo de 2013, el Gobierno "reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres, con motivo de los hechos suscitados en el municipio San Salvador Atenco" el 3 y 4 de mayo de 2006, se dijo en la audiencia
En virtud de que México reconoce la competencia contenciosa de la Corte desde 1998, el Gobierno de México ratificó su "apertura a instancias internacionales en materia de derechos humanos", dijo el vicecanciller.
Reparación del daño
El Gobierno de México informó a la Corte Interamericana que puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para este caso.
Ese fondo "comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica", informó la cancillería mexicana en un comunicado.
Las víctimas rechazaron las medidas y acudieron ante máximo el tribunal interamericano en busca de justicia plena y "garantías de no repetición de los abusos".
El Estado mexicano "es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden", dice el comunicado de la cancillería.
Hasta la fecha, por los "delitos de tortura y encubrimiento de tortura", han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de seguridad pública del estado de México, médicos legistas y personal de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público.
La Suprema Corte de Justicia de México concluyó en febrero de 2009 que "elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas (incluyendo a las 11 mujeres víctimas del caso) incumpliendo, de esa manera, con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública".
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La máxima Corte mexicana determinó, no obstante, que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos, "no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes".
Una de las víctimas, Angélica Patricia Torres declaró que "en ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador (Peña Nieto) decía que mentíamos".
Los magistrados interamericanos pidieron el nombre del entonces gobernador del estado de México y, como resultado, el presidente Peña Nieto fue mencionado en la audiencia por las víctimas.
