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Sociedad civil pide al Congreso de México crear fiscalía antes de nombrar fiscales

© AP Photo / Marco UgarteCongreso Nacional de México
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Cientos de organizaciones civiles y académicas de México pidieron al Congreso que abra la discusión sobre una reforma integral de la Constitución para diseñar una Fiscalía General contra la impunidad, antes que seguir la empantanada discusión política para nombrar antes a titulares de fiscalías.

"Realizar la designación de nuevos titulares en las fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad", dice el mensaje enviado al poder Legislativo titulado "Primero la Fiscalía, luego los fiscales".

El colectivo bautizado "Vamos por una Fiscalía que sirva", que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y universidades, señaló que carecen de sentido los amargos debates en el Senado para nombrar a los fiscales, sin antes negociar una reforma constitucional y leyes que doten a los cargos de su aparato institucional.

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Las organizaciones advirtieron además que si los congresistas y los partidos políticos siguen actuando en ese orden, los fiscales que serán responsables de la investigación y persecución de las conductas criminales "seguirían careciendo de la independencia para actuar".

Desde que se aprobó en el año 2014 la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, las cámaras de diputados y senadores no han podido lograr un acuerdo para nombrar al primer fiscal federal anticorrupción en la historia de México, ni diseñar los reglamentos institucionales ni leyes específicas del cargo.

Los firmantes de la misiva plantean que esa reforma pendiente es un requisito indispensable para que los fiscales actúen "a través de un proceso de investigación integral, exhaustiva, oportuna y respetuosa de los derechos de las víctimas y personas imputadas".

Señalan además que la tarea de construir las leyes de nueva Fiscalía General debe ser la principal prioridad legislativa del Congreso, porque del "diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país".

El orden de los factores

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Las organizaciones y expertos han enfatizado durante varios meses "la necesidad de una reforma integral al artículo 102 de la Constitución para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente", y solo después comenzar a nombrar a los fiscales; no al revés, como hacen ahora los congresistas mexicanos.

Además de pedir la creación de una "cada vez más necesaria" Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, el colectivo señaló que de la nueva Fiscalía General también dependerán piezas vitales de la justicia, como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Esos altos cargos están vacantes hasta la fecha, la primera como debutante en el marco legal mexicano, y la segunda por la destitución el 20 de octubre pasado de su titular, Santiago Nieto, por revelar a la prensa los entresijos de la conexión del caso Odebrecht con las elecciones presidenciales de 2012.

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Además, la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Raúl Cervantes, renunció el 16 de octubre pasado, está encabezada ahora por un interino.

El funcionario fue colocado en el centro de una disputa en el Congreso, para establecer si él mismo encabezaría automáticamente, durante los próximos nueve años, la nueva Fiscalía General que reemplazará a la vieja PGR, siendo un hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

Cervantes renunció "a efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita".

Hace dos meses, al anunciar su dimisión, el entonces titular de la PGR reveló que había concluido las investigaciones sobre la trama Odebrecht "uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto".

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Las pesquisas federales sobre la red de sobornos de la constructora brasileña en México, es un "complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales", dijo Cervantes en su carta de dimisión.

Con la investigación terminada, el funcionario anunció al Senado, en su renuncia, que "en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal" contra los personajes de la trama, pero desde entonces han pasado dos meses, que se cumplieron este miércoles, sin ningún imputado.

Los expertos de la campaña"#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva" enviaron al Congreso un proyecto ciudadano de dictamen, para aprobar la reforma constitucional que daría lugar a la nueva Fiscalía, pero la discusión ha sido politizada y sigue entrampada.

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