Las organizaciones expresaron en el comunicado "su preocupación y alerta sobre ciertas versiones referidas a la futura modificación de la normativa vigente del Gobierno nacional para beneficiar a los emprendimientos mineros".
Mientras que "cuidar las ganancias de las mineras es deber de las empresas, salvaguardar la salud de la población, el agua potable, los glaciares y su ambiente, es responsabilidad del Gobierno"; describió el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace Argentina, Gonzalo Strano.
"Parece que (el presidente Mauricio) Macri está confundido en su lista de prioridades", reprochó.
A fin de que las corporaciones puedan desarrollar explotaciones mineras principalmente en la zona de la Cordillera de los Andes (oeste), el presidente pretende que la modificación de la ley entre al Congreso en febrero del año que viene, según publicó el miércoles el diario La Nación.
El encuentro también incluyó a representantes de sindicatos y provincias y funcionarios del Ministerio de Ambiente, ante los cuales Macri aseguró que se pondría al frente de esta iniciativa.
"Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional", alegó el director de FARN, Andrés Nápoli.
"Si Argentina cede ante esta situación, se coloca como uno de los pocos países del mundo que bajan sus estándares ambientales para admitir inversiones", sentenció Nápoli en el comunicado.
A juicio del jurista Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es un retroceso que "en medio de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23)", que se lleva a cabo en Alemania, el país esté planeando "destruir sus glaciares para favorecer a las grandes transnacionales mineras".
"No podemos permitir que el Gobierno destruya la Ley de Glaciares", insistió.
Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo.
La justicia argentina investiga en la actualidad si la empresa minera Barrick Gold violó esta legislación a raíz de los vertidos accidentales de agua con cianuro en los yacimientos mineros de Veladero y Pascua Lama, dos parajes ubicados en la Cordillera de los Andes.
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En la mina Veladero, la trasnacional canadiense causó tres derrames entre 2015 y 2017, entre ellos el peor vertido que ha sufrido Argentina en su historia, al desparramarse por la zona cinco millones de litros de agua con cianuro.
Dos años después de aquel incidente, la localidad sanjuanina de Jáchal (oeste), a unos 200 kilómetros de la mina Veladero, detectó en su red de agua hace apenas unas semanas niveles de mercurio que exceden entre 200 y 300 por ciento la concentración máxima de ese metal pesado establecida por la legislación, además de selenio y antimonio.
