"Los derechos de exportación aplicados al poroto de soja no constituyen de ninguna manera un subsidio en términos de las normas de comercio internacional", señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
La cancillería destacó que "todos los indicadores de dicha industria son positivos y, lejos de demostrar perjuicio alguno causado por las importaciones argentinas, evidencian una actividad muy rentable".
Si la USTIC no revirtiera los aranceles al biodiésel argentino, el Gobierno de Mauricio Macri advirtió que "se reserva el derecho de recurrir al mecanismo de solución de diferencias" de la Organización Mundial del Comercio.
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El Ejecutivo argentino insistió en que las negociaciones que tuvieron lugar entre las partes durante los últimos días se vieron abocadas al fracaso dada la actitud de la industria estadounidense, "que se colocó en una postura que resultó inaceptable, amparada por derechos preliminares injustificadamente elevados".
La administración estadounidense había anunciado en agosto que establecería un gravamen al combustible proveniente de este país de entre el 50,29 y el 64,17%, porcentajes muy inferiores a los anunciados el jueves.
El arancel se impuso por considerar que las ventas al exterior estaban subsidiadas, dado que el biodiésel no paga retenciones por derechos de exportación, pero su materia prima, el aceite de soja, sí tributa un 27%, lo que es considerado por Estados Unidos un subsidio encubierto al combustible.
Estados Unidos importó en 2016 biodiésel argentino por valor de 1.200 millones de dólares.