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Crear nuevo sistema de investigación criminal en México tomaría dos décadas

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Crear un nuevo sistema judicial para que México pongan fin a la impunidad tomará al menos dos décadas, dijo a Sputnik María Novoa, coordinadora del área Justicia de la organización independiente "México Evalúa", y coautora de un estudio sobre investigación criminal.

"Si se comienza por establecer bases sólidas, en dos generaciones o dos décadas podemos comenzar a ver que comenzaría a disminuir un modelo que solo juzga a personas detenidas in fraganti", dijo Novoa, corredactora del Modelo Homologado de Investigación Criminal en México.

En este país latinoamericano "no existe la investigación, y casi únicamente son procesadas las personas detenidas en flagrancia, no por resultados de investigaciones", explicó la académica.

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Su diagnóstico de 34 páginas indica que, a nivel nacional, solamente uno de cada dos casos que ingresaron a las procuradurías o fiscalías derivó en un proceso judicial, mientras que la otra mitad fue archivada.

De esa mitad, que tuvo un dictamen, una muestra seleccionada de provincias indica que "solo tres de cada 10 casos se judicializaron", mientras que en el ámbito nacional federal el resultado es aun menor: "solo uno de 10 casos fue judicializado".

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Casi todos los casos que fueron objeto de judicialización (99%) "derivaron de una flagrancia, lo que evidencia las deficiencias de la investigación en las distintas áreas de la Procuraduría", según el estudio.

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La conclusión es que en México, si alguien no es atrapado al momento de cometer un delito, tiene una alta probabilidad, casi total, de evadir la justicia.

En otras palabras, "un indicador de los avances en el sistema judicial mexicano sería que los casos judiciales sean menos del 99% de personas detenidas in fraganti y que aumente el porcentaje de las que resultan de investigaciones".

Ejemplos de América Latina

Para la investigadora, los ejemplos en América Latina para México están en tres países: "Guatemala, por la proximidad geográfica y cultural; Colombia, por la similitud de los problemas criminales de alto impacto en ese país (narcotráfico); y Chile, el más consolidado en su sistema judicial de referencia".

Esos tres países comenzaron sus reformas entre 20 y 25 años antes que la justicia mexicana, comentó la experta.

Una estrategia para combatir el delito en México, con niveles superiores a 95% de impunidad según organizaciones internacionales y la Organización de las Naciones Unidas, debería priorizar "la investigación criminal de casos que efectivamente tengan un alto impacto y complejidad más allá de la flagrancia", prosiguió la experta.

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Novoa lamentó que la mayoría de delitos en el ámbito judicial "no son objeto de investigaciones científicas y solo abarcan en crímenes de bajo impacto: como la venta de drogas al menudeo o personas en posesión de armas, que no desarticulan organizaciones criminales".

Una de las conclusiones del estudio presentado el 9 de noviembre es que "el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio careció de un modelo de investigación criminal homologado para las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional", que es recomendado por la investigación.

Además, la indagación realizada por el grupo de expertos encontró "una carencia de visión integral de Estado sobre seguridad y justicia en la cual se enmarque la procuración de justicia".

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Las autoridades mexicanas también han mostrado una "falta de estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva".

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En ese contexto, no basta con la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional (que hasta la fecha carece de titular por falta de acuerdo de las fuerzas políticas en el Congreso), sino que el desafío consiste en adoptar un modelo de investigación eficiente.

Esa eficiencia depende de "lograr una articulación efectiva entre una política criminal y una de persecución penales indispensable para que el sistema de justicia penal acusatorio opere de manera adecuada", dice en entre sus principales conclusiones el estudio.

El cambio de modelo procesal generó la necesidad de "perfeccionar los procedimientos, técnicas y protocolos de actuación por parte de los operadores del sistema de justicia penal", y en particular de los integrantes de las instituciones de procuración de justicia, indicó la autora principal del estudio.

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Novoa puntualizó que "las instituciones de procuración de justicia son el punto más crítico del sistema de justicia penal de México, pues son comunes las violaciones de derechos humanos y la confianza ciudadana en estas instituciones es mínima".

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El modelo propuesto recomienda que "la responsabilidad de la ejecución de la investigación de los delitos debe recaer los policías".

Los agentes policiales deben estar, no obstante, en permanente coordinación, colaboración y comunicación con el Ministerio Público, que "debe encargarse de la conducción legal, la asesoría jurídica y la formalización de la investigación", como lo estipula la Constitución de México.

En el estudio participaron además la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto de Estudios Comparados y la Fundación MacArthur. 

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