La Central Única de los Trabajadores (CUT) considera que la reforma es un “retroceso”, y así lo reafirmó este viernes en sus canales oficiales para incentivar la jornada de manifestaciones en todo el país.
Los sindicatos, movimientos sociales de izquierda y partidos de la oposición consideran en cambio que es un recorte sin precedentes de derechos laborales, puesto que modifica más de 100 artículos de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, norma que data de los años 40.
La principal novedad es que a partir de ahora los acuerdos colectivos podrán prevalecer sobre la legislación; sindicatos y empresas podrán negociar condiciones de trabajo diferentes a las que estipula la ley, siempre que se respeten unos derechos mínimos recogidos en la Constitución.
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Las vacaciones, de 30 días laborables al año, podrán repartirse en tres periodos (antes era obligatorio tomarlas en dos partes) y también se flexibiliza el horario de trabajo.
Hasta ahora la jornada se limitaba a ocho horas diarias, 44 horas semanales y 220 horas mensuales, con un margen para realizar como máximo dos horas extra al día.
Con la reforma se permitirán jornadas de trabajo de hasta 12 horas, siempre que se respete el límite de las 44 horas semanales.
El tiempo de descanso para comer era como mínimo de una hora y un máximo de dos, pero ahora se reducirá a 30 minutos.
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La nueva ley también acaba con la contribución sindical obligatoria; antes el trabajador perdía un día de salario al año para cederlo a los sindicatos, pero ahora ese pago será opcional, en base a la autorización previa del empleado.
El nuevo texto lo permite, pero subraya que el empleado externalizado deberá tener las mismas condiciones de trabajo que los efectivos en temas como atención sanitaria, transporte y capacitación.
Otro de los cambios más polémicos se refiere a las trabajadoras embarazadas y lactantes, que antes no podían cumplir sus labores bajo ningún concepto en lugares con algún grado de insalubridad.
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El Gobierno confía en que la reforma laboral ayude a generar empleo, pero las críticas al texto no llegan solo desde el interior de Brasil, sino también de países vecinos.
Uruguay, por ejemplo, se mostró descontento con las modificaciones pues podrían tensionar los acuerdos sociolaborales del Mercosur, bloque que integran los dos países junto a Argentina, Paraguay y Venezuela (suspendida) e incluso suponer una forma de competencia desleal por abaratar la mano de obra.
