"La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes", advirtieron las entidades en un comunicado.
Las dos iniciativas parlamentarias quiebran "el alto nivel de acuerdo político necesario para lograr la designación del/la Procurador y Defensor General de la Nación", dado que mientras la legislación actual exige dos tercios de los votos de la cámara alta, la nueva ley propone una mayoría absoluta (la mitad de todos los votos positivos más uno).
"Al disminuir la mayoría necesaria para su designación, el proyecto ya no requiere de la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo", señalaron.
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Las cinco agrupaciones también alertaron sobre los mecanismos de remoción del procurador y defensor, que con la reforma se pueden impulsar sin necesidad de un juicio político, una iniciativa que puede partir del Poder Ejecutivo y que sólo necesita mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso.
Aunque dijeron estar a favor de establecer un límite a la duración de estos cargos, las entidades también cuestionaron el límite propuesto de cinco años, un "plazo es corto para el diseño y la ejecución de un plan estratégico".
Otra cuestión perjudicial del proyecto es eliminar de la ley todas las procuradurías existentes, cuando "las procuradurías especializadas han marcado las decisiones más interesantes en materia de acceso a la justicia, política criminal y organización y dinámicas de las últimas gestiones del MPF (Ministerio Público Fiscal)".
Las organizaciones también pidieron que se implemente el Código Procesal Penal, suspendido por el Gobierno hace casi dos años.
Las entidades firmantes son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Poder Ciudadano
El procurador general es responsable de diseñar la política criminal y garantizar el acceso a la justicia en el ámbito federal y nacional, mientras que el defensor debe garantizar la asistencia judicial de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
