"La Fiscalía de Bruselas confirma que la fecha es el 17 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas", informó en un comunicado el Ministerio Público de la capital belga.
Puigdemont deberá declarar ante la Cámara del Consejo junto a los cuatro exconsejeros catalanes que se encuentran en Bruselas.
Bruselas prevé analizar la extradición de Puigdemont a España https://t.co/6HKBZwlO9p
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 6 ноября 2017 г.
Sobre todos ellos pesan órdenes de detención europeas después de que eludieran su citación para declarar el pasado jueves en la Audiencia Nacional de Madrid.
La Cámara del Consejo está obligado a pronunciarse sobre el envío a España de los líderes independentistas en un plazo de quince días a partir de la primera comparecencia de Puigdemont ante la justicia belga, que tuvo lugar el domingo 5 de diciembre, después de que la Audiencia Nacional dictase la orden de detención.
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Los cesados representantes catalanes fueron puestos en libertad provisional por la justicia belga con medidas cautelares que implican la retirada de pasaporte y la obligación de permanecer localizables.
Puigdemont manifestó en repetidas ocasiones su intención de colaborar con la justicia belga pese a su negativa a atender la llamada de la justicia española.
Según explicó él mismo, su traslado a Bruselas es un movimiento destinado, entre otras cosas, a evidenciar las deficiencias del sistema judicial español.
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Esta estrategia pudo observarse este mismo lunes, cuando Puigdemont publicó un mensaje en Twitter en el que contrapuso la decisión de las autoridades belgas de dejarle en libertad provisional con el trato recibido por los exdirigentes catalanes que declararon en Madrid.
Tras prestar declaración, la jueza instructora, Carmen Lamela, decretó prisión incondicional para ocho de ellos —entre los que se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras— por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Además, la jueza acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para el noveno de ellos, el exconsejero Santi Vila, para el que no apreció riesgo de reiteración delictivo.
