"Es un mecanismo que consiste en facilitar el domicilio y facilitar un teléfono móvil para que la policía pueda efectuar controles de permanencia", dijo en declaraciones a la prensa Javier Melero, abogado de Lluís Corominas, antiguo portavoz de la coalición independentista Junts Pel Sí.
Entre las personas que quedarán bajo vigilancia policial se encuentra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña.
Los seis miembros de la Mesa del Parlamento autonómico acudieron a Madrid para declarar ante el Tribunal Supremo por delitos de rebelión y sus conexos al permitir con sus decisiones el desarrollo del proceso independentista que llevó a la proclamación de la república catalana el pasado 27 de octubre.
Un sondeo vuelve a dar mayoría absoluta al independentismo en Cataluña https://t.co/X8cs5NQ14M
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 2 ноября 2017 г.
Sin embargo, las declaraciones se aplazaron hasta el 9 de noviembre después de que la defensa de los parlamentarios solicitaran más tiempo para preparar su defensa.
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La querella de la Fiscalía fue presentada el 30 de octubre y admitida a trámite el 31 de octubre, por lo que las citaciones llegaron esa misma noche, dejando un margen muy estrecho para analizar las más de cien páginas del escrito del Ministerio Público.
Mientras tanto, de forma paralela, en la Audiencia Nacional se desarrolla la instrucción de la causa contra los catorce miembros del Gobierno catalán en la última legislatura, acusados de los mismos delitos.
El 2 de noviembre, nueve de los miembros del Gobierno, entre los que se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras, acudieron a declarar a la Audiencia Nacional.
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En cambio, las cinco personas restantes, entre las que se encuentra el cesado presidente Carles Puigdemont, no acudieron a la llamada del juzgado.
En la querella presentada por la Fiscalía, el Ministerio Público recomendó la inmediata detención de los querellados en caso de que se nieguen a comparecer.
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Por tanto, cabe la posibilidad de que en las próximas horas la jueza instructora de la causa emita una orden de detención internacional contra Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas.