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Activistas denuncian asesinato de otro líder campesino en Colombia

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BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones de campesinos y cultivadores de coca de Colombia denunciaron el asesinato de un líder rural en una región del noroeste del país, en medio de una ola de homicidios contra dirigentes comunitarios, indígenas y afrocolombianos.

"El día 27 de octubre de 2017 a las 2:00 pm, fue asesinado el compañero Ramón Alcides García Zapata, reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito", señalaron en un comunicado varias organizaciones campesinas, entre ellas la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

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García Zapata promovía la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el Alto de Chiri, en el municipio de Briceño, Antioquia (noroeste) y era miembro del movimiento de izquierda Marcha Patriótica.

Las agrupaciones detallaron que desconocidos cometieron el crimen de García Zapata cuando este regresaba de un municipio vecino tras recibir el pago mensual por el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

"Con Ramón ya son 139 compañeros de Marcha Patriótica asesinados desde nuestra fundación [en abril de 2012] y ya son 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el año 2017, 25 de los cuales han ocurrido en el mes de octubre", precisa el comunicado.

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Las organizaciones advierten que el crimen de García Zapata pone en riesgo el inicio de la sustitución voluntaria de cultivos en municipios vecinos, ya que las comunidades consideran que no tienen garantías necesarias para llevar a cabo esa labor.

El Gobierno central debe llevar a cabo "las acciones pertinentes a fin de garantizar los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la Integridad física y psicológica de los habitantes de las comunidades y de las organizaciones sociales" e iniciar las investigaciones para esclarecer el asesinato, añade el comunicado.

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La comunidad internacional debe involucrarse en el seguimiento y monitoreo permanente de esta grave situación de los derechos humanos, agresiones e intimidaciones que se presentan de manera reiterada desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en noviembre de 2016, concluye el texto.

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