"No tengo constancia de nada, no tengo información directa", dijo Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, durante una entrevista con la radio RAC1.
En la mañana del 30 de octubre, diversos medios de comunicación reportaron, citando a fuentes del Gobierno español, que Carles Puigdemont se encuentra en Bruselas manteniendo contactos políticos con el independentismo flamenco.
Fuentes de la Generalitat consultadas por esta agencia no confirmaron la presencia del dirigente independentista en Bélgica porque, según explicaron, ya no disponen de su agenda.
Del mismo modo, desde el Gobierno central se negaron a ofrecer a Sputnik confirmación sobre el paradero de Puigdemont argumentando que, tras su cese del 27 de octubre, es un ciudadano más y su agenda no es de dominio público.
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Durante toda la jornada, miembros del cesado Gobierno catalán y del Partido Demócrata Europeo Catalán, la formación a la que pertenece Puigdemont, eludieron las preguntas de la prensa sobre su presunta visita a Bélgica.
El presunto viaje de Puigdemont a Bélgica llega el mismo día en que la Fiscalía General del Estado presentó querellas por delitos de rebelión, malversación y sedición contra todos los miembros del Gobierno catalán en la legislatura que terminó el pasado viernes y contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña.
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De acuerdo con el artículo 472 del Código Penal, son reos del delito de rebelión aquellas personas que "se alzaren violenta y públicamente" en escenarios que supongan —entre otras cuestiones— la suspensión de la Constitución, despojar de sus facultades al Rey, o declarar la independencia unilateral de una parte del territorio.
Sin embargo, el escrito del Ministerio Fiscal cree que la respuesta ciudadana motivada por las decisiones políticas del Gobierno catalán es suficiente para acreditar elementos de violencia.
"Para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo", argumenta la querella presentada por la Fiscalía.
En su entrevista con RAC1, el abogado de Puigdemont dijo no poder asegurar por el momento si su patrocinado comparecerá en sede judicial en caso de ser aceptada la querella.
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De no hacerlo, el Ministerio Fiscal interesó la "inmediata detención de los querellados", para los que también pide que se valoren medidas cautelares en caso de que comparezcan.
