Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, compareció este 27 de octubre en el Senado, donde explicó los motivos por los que solicita a la Cámara alta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un mecanismo que a su modo de ver debe ser puesto en marcha porque los recientes acontecimientos en Cataluña no anticipan voluntad de volver a la legalidad.
En su discurso ante el Senado, que el 27 de octubre votará la aprobación del artículo 155, Rajoy expuso la necesidad de intervenir las instituciones catalanas ante la "ruptura de la legalidad" y el "desafío al Estado" perpetrada por sus dirigentes.
El presidente del Gobierno español hizo un repaso de los acontecimientos de los últimos meses para afirmar que España enfrenta una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales.
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A su modo de ver, la intervención de las autoridades catalanas desde Madrid es la mejor herramienta para evitar "que se abuse de Cataluña".
"Lo que se debate aquí hoy es si España, en una materia que afecta a su estabilidad e integridad, tiene derecho o no a defenderse apelando a la Constitución y a los leyes", explicó.
Mariano Rajoy también anunció que convocará "lo antes posible" elecciones en Cataluña.
El presidente solicitó también la autorización para cesar al Gobierno catalán, además de para prohibir a la presidenta del Parlamento de Cataluña la propuesta de un nuevo candidato.
Según explicó el presidente, hay "cuatro objetivos" para aplicar las medidas en del artículo 155 de la Constitución.
"Volver a la legalidad, recuperar la confianza, mantener los altos niveles de crecimiento económico y de creación de empleo de los últimos tiempos y celebrar elecciones en una situación de normalidad", afirmó el presidente.
De acuerdo con la petición enviada por Rajoy al Senado para la activación del 155, el Gobierno pretende dotarse de la capacidad para cesar al Gobierno catalán en pleno y asumir sus competencias desde Madrid bajo el compromiso de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
El Senado aprobó un texto preliminar por el que se autoriza al Gobierno a llevar a cabo "una utilización proporcionada y responsable" de las medidas que finalmente sean aprobadas el 27 de octubre en el pleno de la Cámara alta.
