"El alcance de las medidas propuestas por el Gobierno del estado va más allá del concepto de medidas necesarias, puesto que tiene como directa e inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones", dice el texto enviado por la Generalitat al Senado.
"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", reza el texto constitucional.
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De acuerdo con la petición enviada el pasado 21 de octubre por Rajoy al Senado para la activación de esta vía, el Gobierno pretende dotarse de la capacidad para cesar al Gobierno catalán en pleno y asumir sus competencias desde Madrid bajo el compromiso de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
Las alegaciones presentadas por el Gobierno catalán apuntan que la autorización de medidas por parte del Senado no pueden ser "un cheque en blanco" ya que estas deben limitarse a "dar instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma" con el "objeto específico" de revertir aquellas decisiones consideradas al margen de la legalidad.
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En este caso, la Generalitat recuerda que el requerimiento previo formulado por Mariano Rajoy se dirigía solo a que cesaran las actuaciones relacionadas con el proceso para la independencia de Cataluña.
"En conclusión, para resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política", concluyen las alegaciones de la Generalitat.
