"Las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación nos están matando poco a poco", denunció Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, durante la tercera audiencia de la CIDH abierta sobre el mecanismo especial de seguimiento para el llamado Caso Iguala —ciudad del sur de México donde ocurrió la tragedia—, realizada en Montevideo, Uruguay.
La desaparición de los jóvenes ocurrió tras una serie de ataques orquestados por patrullas de policías de varios municipios del estado de Guerrero (sur), confabulados con presuntos sicarios del crimen organizado, contra cinco autobuses repletos de estudiantes que viajaban a una protesta en la Ciudad de México.
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Según la investigación federal llamada "verdad histórica" —que ha sido severamente objetada por expertos independientes de la CIDH—, los jóvenes habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados en un basurero municipal a cielo abierto, y las cenizas lanzadas a un río.
"No existe justificación para que [en el Gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos", expresó Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete.
Entre las quejas figuran además, las declaraciones de funcionarios reivindicando la llamada "verdad histórica", que consideran "carente de sustento científico".
Respuesta de la CIDH
Los comisionados de la CIDH expresaron que el organismo autónomo continental considera que "no hay avances en la investigación y asegura que no abandonará a las familias ni el caso", dice el informe de las sesiones.
La comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado del país latinoamericano "debe ser duro con las personas que empeoran la relación entre las familias [de las víctimas] y el Gobierno federal".
Los familiares cuestionaron el "uso político y la falta de independencia" de la Procuraduría General de la República, pues funcionarios como el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, fue "premiado" por el gobierno al nombrarlo al Consejo de Seguridad Nacional mexicano.
Otro tema examinado fue el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y sicarios del crimen, ante las cuales los comisionados urgieron a "avanzar en los mapas de fosas clandestinas".
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La representación legal de las familias puntualizó que los avances no han sido integrales y que no se han agotado todas las líneas de investigación.
