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¿Uruguay privatiza el agua?

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El 20 de octubre los uruguayos marcharon en defensa del agua. La convocatoria tuvo como centro de protesta la nueva ley de riego aprobada por las cámaras de diputados y senadores del país.

El proyecto de ley, redactado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y modificado luego con el acuerdo del partido oficialista y la mayoría de la oposición pretende  "el incentivo del desarrollo del riego en el Uruguay".

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La Sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias preparó un informe en el que asegura que el proyecto no considera el impacto ambiental que tendría el represamiento del agua.

"[La normativa] lleva adelante un cambio en lo que respecta a los cursos de los ríos. Está planteada desde el punto de vista del represamiento. Esto estancaría una parte de los cursos de los ríos naturales modificando su arrastre y la biodiversidad en su cuenca", dijo a Sputnik Carlos Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

Según la Asamblea Nacional Permanente, convocante de la movilización, el Gobierno "favorece el saqueo del territorio y los bienes comunes". La extranjerización de la tierra es otro de los aspectos que preocupa y fue otro de los elementos centrales de la convocatoria.

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Desde 1992 hasta la fecha, Uruguay "pasó de un 8% a casi un 40% de su tierra en manos de sociedades anónimas extranjeras", explicó Sosa, quien además integra la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado. Desde la comisión que integra Sosa se oponen además a la medida por las consecuencias del desarrollo del monocultivo forestal y sojero en el mercado laboral del agro uruguayo.

"Los censos del 2004 al 2011 muestran que en nuestro país se ha expulsado del agro a 12.000 medianos y pequeños productores por el avance de la soja. El 80% de ellos son pequeños productores", destacó.

La Marcha Nacional en defensa del agua, la vida y los bienes naturales se realiza hace nueve años en contra del fracking, el monocultivo, las plantas de celulosa, la megaminería y los puertos de aguas profundas.

Lea más: Uruguay confirma la presencia de hidrocarburos en el norte de su territorio

Por último, agregó Sosa, la reforma a la Constitución uruguaya en 2004 estableció que en materia del agua, tanto la que se encuentra en la superficie como la subterránea es patrimonio del Estado.

"Un embalse utilizado para vender agua para el riego de los productores implica una mercantilización contraria a la norma suprema. Entendemos que esto es inconstitucional. El agua es vida, eso es lo más importante a entender", concluyó.

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