"El excanciller entró al juzgado de Bonadio", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
La exjefa de Estado, también imputada por presunto encubrimiento del ataque a la AMIA (Asociación Mutualista Israelita Argentina), deberá declarar cuatro días después de las elecciones parlamentarias que se celebran en todo el país el 22 de octubre, a las cuales se presenta como candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires.
Sobre todos ellos pesa la prohibición de salir de Argentina.
Las declaraciones indagatorias habían sido pedidas el pasado 7 de septiembre por el fiscal Gerardo Pollicita, quien además requirió que se dictase la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del territorio a la expresidenta y el resto de los acusados.
Orígenes del caso
El expediente se originó a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien estuvo a cargo entre 2005 y 2015 de la Unidad Fiscal de Investigación, dependencia que indagaba sobre el atentado a la AMIA, en el que murieron 86 personas.
En concreto, Nisman cuestionó a la exmandataria por impulsar en 2013 un Memorándum de Entendimiento con Irán, por el que Buenos Aires y Teherán se comprometían a colaborar en la investigación del atentado.
El acuerdo, sin embargo, nunca entró en vigor, porque no fue ratificado por el Parlamento iraní y fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.
Además: Imputado en causa por la muerte del fiscal argentino Nisman pide nulidad del informe oficial
El juez federal Daniel Rafecas había rechazado en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.
A finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.
