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México aprueba ley general sobre desaparición forzada

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de México aprobó una Ley General de Desaparición Forzada, que involucra a agentes del Estado, y las desapariciones perpetradas por particulares, con 397 votos a favor del pleno legislativo, tras más de dos años de discusiones.

La ley general contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y luego de que fueron retiradas y rechazadas 54 reservas, fue sometida a la aprobación "en lo particular", que también fue aprobada por unanimidad, con 361 votos a favor.

La ley fue turnada al Poder Ejecutivo, para que sea promulgada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

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La reforma deroga disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, para armonizarlas con la nueva legislación que incluye las "sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas".

Las penas para este delitos establecidas en la ley van de 40 a 60 años de prisión, "cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos".

A la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión.

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Además del mencionado sistema para la búsqueda de personas, la ley crea una Comisión Nacional de Búsqueda, un consejo ciudadano y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

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La comisión contará con "grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliarse por expertos y cuerpos policiales especializados".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) saludó la aprobación de la ley general que "representa un paso esencial para atender las necesidades de estas personas y de sus familias, y que deberá contar con el presupuesto suficiente para su efectivo funcionamiento".

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Ahora será fundamental, para que cumpla las expectativas depositadas en ella, "dotarla del presupuesto necesario por parte de la Cámara de los Diputados para atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de su aplicación una realidad", dijo Juan Pedro Schaerer, jefe del CICR para México, América Central y Cuba.

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El CICR reconoció "la voluntad política del Congreso mexicano y cree que los mecanismos de colaboración generados entre familias, autoridades, sociedad civil, expertos y organismos internacionales, que resultaron muy enriquecedores, se deberían mantener durante el proceso de desarrollo de la legislación secundaria".

Casi un centenar de ONG escribieron el 12 de octubre al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para denunciar que el contexto de "desapariciones forzadas generalizadas" lo reflejan el registro oficial de 32.943 personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8.525 mujeres y 5.985 menores de edad.

La carta añade que la justicia federal "solo ha emitido nueve sentencias condenatorias por desaparición forzada".

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Citan además que en 19 provincias del país, existe un total de 1.075 fosas clandestinas y 2.014 cuerpos exhumados de 2007 a 2014.

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