"Hay un consenso, tanto a nivel social como a nivel político, de que la reforma política es necesaria desde hace tiempo, pero las pautas defendidas por la parcela mayoritaria de la clase política brasileña han ido a contracorriente de los anhelos populares", advierte el analista político de la Universidad de Sao Paulo (USP) Rafael Moreira en declaraciones a Sputnik.
Tras la destitución por juicio político de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), la reforma política tiene muchos frentes abiertos y los diputados trabajan a contrarreloj para aprobar el máximo de cambios posible puesto que para que estas reformas tengan validez en las elecciones del 7 de octubre de 2018 tienen que ser aprobadas como mínimo un año antes, plazo que acaba este 6 de octubre.
El elevado número de partidos hace que sea muy difícil construir las mayorías suficientes para gobernar, por ello uno de los temas debatidos en el marco de la reforma política era la necesidad de poner un techo mínimo de representación.
"Es necesario garantizar la formación de mayorías, de decisiones colectivas; medidas como el fin de las coaliciones, así como una reestructuración de la legislación que imponga reglas más rigurosas para la creación de nuevos partidos podría amenizar el problema de la alta fragmentación del legislativo brasileño", considera Luz.
A pesar de los beneficios que esto pueda traer en la estabilidad parlamentaria Moreira destaca la otra cara de la moneda; la cláusula, elaborada por los grandes partidos, serviría "para evitar que los pequeños partidos ideológicos que tienen potencial de crecimiento a medio y largo plazo no ocupen el espacio que esos partidos grandes ya poseen".
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Los diputados también aprobaron prohibir las coaliciones que permitían que partidos con ideología y posturas antagónicas se presentaran juntos a las elecciones con tal de sumar más votos y asegurarse escaños.
No obstante, estos "matrimonios de conveniencia" seguirán siendo habituales en las elecciones de 2018, puesto que quedarán anulados a partir del año 2020.
"Esta sí que me parece una idea interesante, porque es un cambio que tendría un efecto positivo, ya que reduciría bastante el estímulo a la existencia de "partidos de alquiler", remarca Moreira.
Uno de los aspectos clave que está pendiente es la financiación de las campañas electorales; actualmente, por una decisión judicial, las empresas no pueden hacer donaciones a los candidatos, por lo que se está estudiando la creación de un fondo de dinero público para los gastos de campaña.
No obstante, la idea de dedicar más dinero del Estado a los partidos no parece gustar a la opinión pública, que forzó a los diputados a dar marcha atrás en su idea inicial de generar un fondo público de 3.600 millones de reales (1.150 millones de dólares), y ahora no hay un consenso sobre cómo debería hacerse esa financiación.
