"La independencia es un espejismo, un riesgo que se quiere correr desde el independentismo catalán dentro de un proceso independentista que va a ser muy largo", afirma este profesor de la Universidad de Sevilla.
Esta consulta se llevó a cabo en contra de la voluntad del Tribunal Constitucional español, que había suspendido de manera cautelar tanto la votación como la ley encargada de regularla.
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De acuerdo con esa norma, vigente a ojos del Gobierno catalán, si resulta ganadora la opción rupturista el Parlamento autonómico debe proclamar la independencia, algo que está previsto para el 9 de octubre.
"La declaración de independencia, si se lleva a cabo el lunes [el 9 de octubre], es porque se entiende que esa es la posición más fuerte para negociar a partir de ese momento, pero no tiene ningún valor jurídico en el ámbito interno o internacional", relata Víctor Vázquez.
En un sentido similar se expresaron el Rey Felipe VI o el partido liberal Ciudadanos, que pidió con insistencia a Rajoy la intervención de la autonomía política catalana.
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La vía ordinaria: 155
Una de esas herramientas sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que reserva al Ejecutivo la capacidad de, en caso de que una Comunidad Autónoma se declare en situación de desobediencia, "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones".
"El 155 es la vía ordinaria. Es lo que está previsto en la Constitución para un supuesto como este, que en el derecho alemán se llama de deslealtad federal", relata este jurista.
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Aunque el Partido Popular de Mariano Rajoy dispone de mayoría absoluta en el Senado español, este jurista destaca que el procedimiento permite fiscalización por parte de la ciudadanía: Rajoy está obligado a explicarse en abierto y la población puede mostrar su apoyo o rechazo a las medidas que proponga.
En cuanto a los límites operativos de esas medidas, Vázquez explica que el 155 es "muy poco restrictivo", por lo que, de proponérselo, Rajoy podría asumir cualquier competencia del Gobierno catalán.
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Pese a lo inconcreto de este artículo, el jurista consultado por esta agencia destaca que en ningún caso su aplicación ampararía una posible intervención militar en Cataluña.
Finalmente, Vázquez señala que dentro del maletín de herramientas del Estado español se encuentra la posibilidad de que el Tribunal Constitucional suspenda de sus funciones a trabajadores públicos catalanes y los sustituya, aunque tampoco ve este procedimiento como el más adecuado.
"Todo lo que sea salirse del 155 es eludir la previsión constitucional", concluye antes de señalar que, si el Gobierno o la judicatura deciden intervenir por otras vías, se podría caer en un escenario de "fraude constitucional".
Después del 155
"La aplicación del 155 es constatar el fracaso del modelo territorial", afirma antes de señalar que este artículo da al Ejecutivo capacidad para reinstaurar la legalidad, pero la resolución del conflicto a nivel político seguiría abierta e incluso se agravaría con actos de desobediencia civil e incluso institucional.
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Es decir, con la Constitución en la mano, Rajoy puede intervenir el autogobierno catalán, pero "tarde o temprano llegará el momento de negociar" para buscar soluciones políticas.
"Gobernar Cataluña ahora mismo contra Madrid es imposible, al igual que creo que es imposible, aunque apliques el 155, gobernar Cataluña desde Madrid sin tener el reconocimiento de los ciudadanos catalanes", concluye Vázquez.
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