"Estamos atónitos ante la entrada de policías armados y enmascarados en centros de votación para impedir un proceso democrático pacífico", afirma la neozelandesa Helena Catt, jefa del Equipo de Investigación de Expertos Electorales Internacionales, que encabeza citado equipo de observadores.
"Vimos numerosas y repetidas violaciones de los derechos civiles y humanos", afirma Catt, que denunció una "operación de estilo militar planeada cuidadosamente" desde las autoridades centrales españolas.
Durante el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegaron un operativo para frenar el referéndum, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.
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Según datos del Departamento de Salud del Gobierno catalán, un total de 893 personas tuvieron que recibir atención médica a causa de las cargas realizadas por los agentes españoles contra la población civil, que en muchos de los centros de votación mostró resistencia pasiva para oponerse a su cierre.
"En toda Cataluña hemos notado la persistencia en el esfuerzo por votar, incluyendo la participación significativa a pesar del enorme obstáculo y el miedo", destacan las conclusiones de los observadores.
Según anunció el Gobierno catalán, en el referéndum participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorga el derecho de constituir una nueva república independiente.
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El Gobierno central, en cambio, no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
