El Tribunal Constitucional de España suspendió la vigencia de todos los documentos de votación aprobados por la Generalitat (ejecutivo regional) y el Parlamento de Cataluña, por lo que toda la actividad relacionada con los preparativos del plebiscito resulta ilegal.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para este domingo, 1 de octubre.