"La colonización está desplazando a los palestinos, cambiando sus vidas. El traslado forzoso de palestinos es probablemente un crimen de guerra debido a que está asociado a la confiscación de tierra palestina, a la destrucción de la propiedad privada palestina y al desgarramiento del tejido social y modelo de vida palestinos", dijo Raji Sourani, presidente el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones autoras del informe enviado a la CPI.
Es el cuarto informe que estas organizaciones envían a este organismo internacional de justicia con el objetivo de que se obligue un día a Israel a "rendir cuentas por sus presuntos abusos y crímenes contra los palestinos".
Las organizaciones denuncian además en su informe que el Parlamento israelí está tomando medidas para dotar a las colonias de una apariencia legal. "Y todo ello ocurre ante el silencio internacional que estimula a Israel a mantener estas políticas", denunciaron.
En Cisjordania y Jerusalén-Este, posteriormente anexadas, las colonias israelíes han ido avanzando en estos últimos años de forma paulatina pese a las críticas internacionales.
Actualmente, cerca de 400.000 colonos viven en Cisjordania y otros 200.000 en Jerusalén oriental, según cifras de organismos de Naciones Unidas y organizaciones israelíes.
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Las colonias son consideradas por los palestinos como el gran obstáculo para una paz con Israel.
"En los últimos 50 años, Israel ha sometido a la población palestina a una ocupación cruel que la priva de sus derechos humanos fundamentales. Nuestro informe a la CPI nos da esperanza de que alguien que cometa crímenes semejantes no permanezca impune. Porque estamos convencidos de que no habrá paz sin justicia", agregó Shawan Jabarin, director de la organización al Haq, otra de las que trabajaron en la elaboración de este informe.