La carta, hecha pública por el eurodiputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Josep Maria Terricabras, está dirigida a Claude Moraes, presidente del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos de la Eurocámara, y firmada por Jordi Solé, Ramón Tremosa y el propio Terricabras.
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Los eurodiputados se remiten a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos. 29221/95 y 29225%95, ECHR 2001-IX), en la que este órgano afirmó que "el hecho de que un grupo de gente demande la autonomía o incluso la secesión de parte del territorio de un país, demandando así cambios territoriales y constitucionales fundamentales, no puede justificar automáticamente una prohibición de sus reuniones".
"Demandar cambios territoriales en discursos y manifestaciones no equivale automáticamente a una amenaza a la integridad territorial y la seguridad nacional del país", agrega el organismo.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre.
