El Congreso de Guatemala aprobó una reforma al Código Penal que exime de culpa a los secretarios generales de los partidos en caso de financiación ilícita y en cambio responsabiliza a los contables, "lo cual es un absurdo monumental, porque son los secretarios generales quienes por ley representan al partido; pero deja de ser absurdo cuando se conoce el contexto, porque se ha hecho para liberar de responsabilidad penal a quienes actualmente están acusados", señaló Balsells.
Por otro lado, Balsells se mostró aún más preocupado por otro decreto que se aprobó en el Congreso "con la intención de favorecer delitos de cuello blanco", pues pueden conmutarse todas aquellas penas que no excedan los diez años, cuando la legislación guatemalteca establecía la conmutación de penas de hasta cinco años.
"Como fue tan mal redactado han dejado conmutables más de 400 delitos, entre los que están el robo, hurto, aborto, homicidio preterintencional, homicidio culposo, explotación de infantes para actividades de prostitución, incendio… lo que evidencia o bien la calidad de los legisladores o que se trata de una decisión dolosa para generar caos e incertidumbre", sostuvo Balsells.
El Ejército aseguró en un comunicado que se trata de un bono, "el cual es declarado y sujeto a deducciones tributarias" y que esa asignación forma "parte de los beneficios que por ley se le asignan" al presidente "por su alta investidura y responsabilidad del cargo".
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas dijo que se notificó un informe provisional de cargos para que el mandatario devuelva los fondos, según publicó Prensa Libre.
"Es provisional; él (por Morales) tiene dos opciones: una es contestar y presentar sus argumentos y la otra es devolver los recursos otorgados", señaló el jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, citado por ese mismo medio.
"Aberración legislativa"
Numerosas instituciones y organizaciones se han mostrado en contra de la aprobación de las reformas al Código Penal al considerar que contribuyen a facilitar la corrupción y la impunidad.
Esas reformas "contravienen claros principios constitucionales y menoscaban el Estado de Derecho" y no reflejan el "compromiso asumido por los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción", dice el comunicado de la PGN, al tiempo que califica la modificación del Código Penal de "aberración legislativa".
