Denuncian al expresidente Lula por responsabilidad en esquema de fraudes tributarios

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio Público (Fiscalía) de Brasil denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) por corrupción activa y pasiva en el marco de la Operación Zelotes, que investiga una trama de sobornos y fraudes para permitir que las empresas incumplieran sus obligaciones tributarias.

"Entre los denunciados están el expresidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, su entonces jefe de gabinete, Gilberto Carvalho, además de los empresarios Carlos Alberto de Oliveira Andrade [Grupo Caoa] y Paulo Ferraz Arantes [MMC-Mitsubishi]", informó la fiscalía en un comunicado.

Las irregularidades de las que están acusados se produjeron en 2009, cuando el Gobierno elaboraba una medida provisional que prorrogaba por cinco años beneficios fiscales concedidos a empresas del sector del automóvil, según las investigaciones.

"Seis millones de reales [1,9 millones de dólares] fueron prometidos al expresidente Lula y a Gilberto Carvalho", afirmó la fiscalía para alegar que el destino del dinero era costear las campañas electorales del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

"Ante tal promesa, los agentes públicos, infringiendo su deber funcional, favorecieron a las montadoras de vehículos MMC y Canoa al editar, con celeridad y procedimientos atípicos, la Medida Provisional nº 471, el 23 de noviembre de 2009, exactamente en los términos encargados", subraya uno de los puntos de la denuncia.

Entre las pruebas que aporta la fiscalía para sostener la denuncia hay manuscritos, correos electrónicos y actas de reuniones, con menciones explícitas como "kit de material enviado a Gilberto Carvalho" y "café Gilberto Carvalho".

La fiscalía también destaca la "tramitación atípica" de esa medida que beneficiaba a las empresas, puesto que en un solo día (el 19 de noviembre de 2009) pasó por tres estamentos del Gobierno, un ritmo más acelerado de lo normal.

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Los funcionarios técnicos del Gobierno notaron esa anormalidad y llegaron a quejarse a la entonces ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, de que era imposible controlar los trámites porque el Ministerio de Hacienda trataba los temas directamente con Lula.

En total hay siete denunciados por estas irregularidades; la fiscalía pide que paguen 12 millones de reales (3,8 millones de dólares) en concepto de resarcimiento al erario público y como multa por los daños morales colectivos.

Esta denuncia contra Lula en el marco de la Operación Zelotes se suma a las varias que tiene abiertas en la Operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta construida alrededor de la empresa semiestatal Petrobras.

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Por una de esas causas, el expresidente brasileño ya fue condenado a nueve años y medio de cárcel, aunque la sentencia fue apelada a un juzgado de segunda instancia.