"El Estado español ha hecho un salto cualitativo en el fomento del miedo para evitar el referéndum del 1 de octubre", afirmó Puigdemont.
Así comenzó la declaración institucional del Gobierno catalán para criticar la decisión del Tribunal de Cuentas, que reclama el ingreso de cinco millones de euros al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega, a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau,y a otra media docena de cargos de la administración catalana vinculados a la organización del referéndum del pasado 9 de noviembre de 2014.
El presidente catalán tildó esta medida de "represalia económica" e "incautación".
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Para Puigdemont, la actitud del Estado es "una señal de impotencia de relacionarse inadecuadamente ante un problema democrático y político" e insistió que el Estado "aumentó sus agresiones a los ciudadanos que quieren votar, en una semana que es decisiva e histórica".