"Reafirmo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que siempre he defendido el Estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes", señaló el mandatario en un comunicado.
"Nunca he interferido en proceso alguno que me vincula directa o indirectamente; por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso, tal como lo establece la ley", añadió.
El lunes más temprano, la Corte Suprema decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio a Morales presentada por el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
La Cicig y el Ministerio Público solicitaron el antejuicio de Morales el 25 de agosto por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015.
Dos días después, Morales declaró persona no grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión del país, acusándolo de "inmiscuirse en asuntos internos" y de haber intentado "presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales".
Esta situación provocó una grave crisis institucional, que incluyó la renuncia de varios miembros del Gobierno y manifestaciones en las que numerosas organizaciones y ciudadanos mostraron su apoyo al jefe de la Cicig por su lucha contra la corrupción y la impunidad.
La Cicig fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.