"Cuantas más políticas de securitización existan, más caro es el viaje de la persona migrante; hay una economía ilícita en el tráfico de personas y eso es conocido por los Estados; nos preocupa que cada vez haya más riesgos, más deportaciones y más muertes de migrantes", dijo el coordinador del programa de gestión e incidencia en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo de Guatemala, Danilo Rivera.
Por su parte, la investigadora Sindy Hernández aseguró que el flujo migratorio de menores centroamericanos va a continuar, con la única diferencia de que ahora estos enfrentarán más abusos.
El pasado 15 de agosto Washington cerró el Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) que permitía a jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras obtener un permiso de admisión condicional por dos años para reunirse con sus familias en territorio estadounidense, siempre que estas residieran legalmente en el país.
Esa medida, aclaró Rivera a esta agencia, impedía la deportación de los menores de edad de forma temporal, pero no les daba "una certeza para poder desarrollarse o llegar a tener una ciudadanía" en EEUU.
"A raíz de la Orden Ejecutiva emitida por el Presidente Donald Trump el 25 de enero de 2017, desde febrero, las admisiones condicionales dejaron de ser procesadas y a partir de hoy (por el 15 de agosto), esa parte del programa CAM queda oficialmente cerrada", informó entonces en un comunicado la embajada de EEUU en El Salvador.
Sin embargo, la parte del programa que sigue vigente es la que permite a inmigrantes legales de esos tres países centroamericanos solicitar el estatus de refugiado para sus hijos menores de edad, por lo que evitan los grandes peligros a los que se exponen en esa ruta hacia EEUU.
Crisis humanitaria
Desde ese año la medida ayudó a que 3.030 jóvenes de esos tres países centroamericanos se reunieran con sus familias, señaló la embajada estadounidense en el comunicado.
Sin embargo, ahora "2.714 personas que habían obtenido la aprobación condicional del Programa CAM no podrán entrar a EEUU", explicó Hernández, según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
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Los niños y adolescentes centroamericanos cuyos padres residen en Estados Unidos suelen vivir con sus abuelos, hermanos mayores o tíos, situación que afecta "a su desarrollo psicoemocional", pero por otro lado, señaló Rivera, las remesas que reciben desde el país del norte "ayudan a que accedan a otro tipo de servicios que contribuyen a una mejora de la alimentación, (la) educación y (la) salud".
En su opinión, Estados Unidos tendría que "reconocer que la mejor política de control es la regularización migratoria, por lo que debería promover programas en esa dirección".
Además, estos países centroamericanos "no tienen capacidad para recibirlos, no hay políticas ni de reintegración ni de reinserción familiar y comunitaria", criticó Rivera.
En esa misma línea opinó Hernández al señalar que los Gobiernos centroamericanos "no están generando ninguna condición para los jóvenes, una de las poblaciones vulnerables".
"Las medidas de EEUU no deberían afectarnos tanto si nuestros Estados estuvieran pensado en cómo promover programas de largo aliento, donde la niñez encontrara un espacio para desarrollarse dignamente; esa es la parte más crítica", denunció la investigadora.
En el año fiscal 2016, la Policía de Migración y Aduanas de EEUU interceptó a más de 400.000 personas indocumentadas en la frontera sur, de las cuales casi 60.000 eran menores de 16 años, la mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
