"La Fiscalía procede a reafirmar la calificación de crimen de lesa humanidad, por cuanto (…) los crímenes cometidos con ocasión de la toma violenta del municipio de Mapiripán ya fueron declarados formalmente como crimen de lesa humanidad por parte de la Corte Constitucional", señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Entre el 15 y 20 de julio de 1997 un centenar de integrantes de las entonces autodefensas campesinas de Córdoba (noreste) y Urabá (norte), que lideraba el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil (1965-2004), asesinó a unas 49 personas con la connivencia de altos oficiales del Ejército y de la Fuerza Pública.
"Constituyen características básicas de la noción de crímenes de lesa humanidad, por una parte la gravedad, el impacto y las consecuencias sobre la comunidad mundial, considerando como sujeto pasivo principal y colectivo a la humanidad y, por otra parte, el carácter masivo o sistemático de la conductas aludidas", señaló la Fiscalía.
El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los hechos de Mapiripán.
"En Mapiripán se violó de manera flagrante el deber de respeto por la dignidad humana por parte de un grupo que disputa el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado", destacó la Fiscalía.
Por los hechos de Mapiripán fue condenado a 37 años de prisión el general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples perpetrados durante la masacre.
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En su decisión la Fiscalía enfatizó que el general retirado Rito Alejo del Río también tendrá que responder en indagatoria por el caso de Mapiripán.
