"Habida cuenta de los procedimientos que pueden requerirse para aplicar nuestra recomendación, por una parte, y de la exigencia de que el Brasil retire sus subvenciones "sin demora", por otra, el Grupo Especial recomienda que el Brasil retire las subvenciones identificadas en los párrafos 8.16 f), 8.17 f) y 8.18 supra en un plazo de 90 días", informó la organización en su resolución.
La OMC considera incompatibles con las reglas internacionales siete medidas adoptadas en su mayoría durante el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y mantenidas durante el actual Gobierno de Michel Temer.
Estas medidas incluyen exenciones fiscales y reducción de impuestos para las empresas que producen sus productos en Brasil, como es el caso del Impuesto sobre los Productos Industrializados (IPI) y programas de incentivos a la industria nacional, como el Innovar-Auto.
En un comunicado, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) informó que está evaluando nuevas propuestas para el sector industrial y que las presentará tras la decisión final de la OMC.
"En este momento la CNI debate con los sectores afectados y el Gobierno propuestas de nuevas medidas de política industrial que sean eficaces para el desarrollo de la industria, respeten las reglas de la OMC y ofrezcan seguridad jurídica a los inversores", aseguró la entidad.
El contencioso se remonta al año 2013, cuando la UE presentó una reclamación sobre las tasas impuestas por Brasil al sector automovilístico, electrónico y de bienes producidos en zonas de libre comercio, además de los beneficios fiscales a exportadores.
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En enero de 2014 Japón pidió unirse a la iniciativa impulsada contra Brasil y poco después Argentina y Estados Unidos (EEUU) hicieron lo mismo.