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La Justicia argentina rechaza rebajar la condena a un conocido represor de la última dictadura

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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina se negó a aplicar una rebaja penal conocida como "2x1" al represor Alfredo Astiz, también denominado "el ángel de la muerte", y de otros ocho acusados condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).

"La Sala II de Casación resolvió desestimar los recursos de casación de las defensas de Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Octavio Capdevila y Juan Antonio Azic", informaron el lunes a Sputnik fuentes judiciales.

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Todos ellos habían pedido que se les aplicara una rebaja penal contemplada en la Ley 24.390, sancionada en 1994 y derogada en 2001, que permitía contar como dobles los días en prisión preventiva mientras no tuvieran sentencia firme.

Los abogados de numerosos represores comenzaron a presentar recursos de apelación para que se les beneficiara con esta medida, tras una controvertida resolución de la Corte Suprema de principios de mayo que otorgó el beneficio a otro represor, Luis Muiña, por considerar que la ley derogada debía aplicarse por ser la más benigna.

"Del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles (…) tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad", señala el fallo.

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Al apelar sus condenas originales, los represores pretenden "desnaturalizar y hasta burlar las sanciones oportunamente impuestas en la sentencia condenatoria", añadió la resolución judicial.

Uno de los jueces de Casación, Carlos Mahiques, recordó además que "mientras mantuvo su vigencia la ley 24.390, los imputados no sólo no fueron privados de su libertad, sino que tampoco estuvieron sometidos a proceso".

Los represores de la última dictadura se vieron además beneficiados por las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), que impedían el juzgamiento de los militares involucrados en el terrorismo de Estado, hasta que fueron anuladas por la ley 25.779, promulgada en 2003, y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005.

Este año, tras la polémica resolución del máximo tribunal del país en beneficio de un represor, las dos Cámaras del Congreso sancionaron una ley en menos de 24 horas que prohibía aplicar el beneficio del 2x1 para rebajar el cómputo de la pena en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

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