"Agrandará aún más la diferencia entre la sociedad y el Congreso, porque la diversidad de la sociedad brasileña debería estar en el Congreso y lo que se quiere precisamente es inhibir eso, se está reforzando ese distanciamiento", lamentó Roder, profesora de Ciencia Política de la escuela de negocios de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
La brecha entre los parlamentarios y los brasileños a los que en teoría representan ya es grande: las mujeres son el 52 por ciento de la población brasileña, pero solo representan el nueve por ciento de la Cámara de Diputados y el 14 por ciento del Senado.
Además, todos los senadores son blancos y en la cámara baja apenas 22 de los 512 parlamentarios se autodenominan negros.
Finalmente, en ninguna de las dos cámaras del Congreso hay parlamentarios indígenas.
Con un panorama dominado por los "viejos coroneles de la política", pues muchos de los diputados encadenan legislaturas y pertenecen a sagas familiares muy poderosas en sus lugares de origen, el Congreso pretende aprobar una reforma en el sistema de voto que lo hará que lo hará todavía más reacio a representar la diversidad, observó la experta.
La propuesta, conocida en Brasil como "distritão" consiste en cambiar el actual sistema de votación de representación proporcional por el voto directo a través de distritos.
En la actualidad los brasileños pueden votar a candidatos o a un partido, por lo que cuando un candidato tiene muchos más votos de los necesarios para salir elegido, los sufragios "sobrantes" pueden ayudar a que se conviertan en diputados otros candidatos de su partido menos votados.
Con el nuevo sistema esta característica desaparecería, ya que los electores solo podrán votar a candidatos de forma individual y no a partidos, y los aspirantes que no tengan votos suficientes no contarán con el paraguas del partido para poder entrar en el Congreso.
A priori la elección directa puede parecer más justa, reconocen los analistas, pero en la práctica favorecerá los personalismos, debilitará aún más a los partidos e impulsará las disputas internas de los candidatos para conquistar los votos, lo que encarecerá aún más las campañas electorales, porque la política se convertirá en una lucha de "todos contra todos".
"El "distritão" es muy negativo porque desfavorece que los candidatos de minorías sean elegidos; la tendencia es a mantener a los que ya están en el poder, porque tienen la máquina política a su favor", destacó Roder.
Con este sistema difícilmente se produzca una renovación de caras en el Congreso, observó.
La otra gran propuesta de la reforma política es la creación de un fondo de dinero público para financiar las campañas electorales, dado que el Tribunal Supremo Federal prohibió que los partidos se financien directamente con dinero de las empresas.
Ahora los parlamentarios brasileños pretenden que el 0,5 por ciento de los ingresos del Estado se dedique a este fin, lo que equivaldría a alrededor de 3.600 millones de reales (más de 1.140 millones de dólares).
Entre la opinión pública la idea de financiar con dinero del Estado a los partidos no sentó nada bien, especialmente porque Brasil se encuentra en un momento de crisis con importantes recortes presupuestarios en áreas sensibles como la sanidad y la educación.
"Es algo desproporcionado a nuestra realidad, el costo de una campaña electoral en Brasil es exorbitante", lamentó la analista política.
Mientras, para el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes, esa cantidad ni siquiera sería suficiente.
"En la campaña pasada (elecciones de 2014) se gastaron, formalmente declarados, 5.000 millones de reales (casi 1.600 millones dólares) para las campañas de diputado federal, por lo tanto eso no sería suficiente para costear una campaña en los mismos términos; por eso, mi temor es que empecemos a tener dinero ilícito de otras fuentes", arguyó el magistrado.
En opinión de la politóloga, el error está en buscar a toda costa ese dinero sin antes plantearse cuánto se necesita realmente para hacer una campaña justa y abrirse a nuevas opciones que abaratarían costos, como mayor uso de las redes sociales, renunciar a espacios en televisión, etcétera.
"La reforma política en Brasil es necesaria, hemos vivido problemas gravísimos y parte de esos problemas, de corrupción, por ejemplo, podrían resolverse fortaleciendo las instituciones. Lo que está claro es que hay que modificar alguna cosa, la clave es cómo se está haciendo", subrayó la analista.
En su opinión, a los aspectos negativos de la reforma se suman las prisas para que sea aprobada, dejando de lado el necesario debate con la sociedad civil sobre el futuro modelo.
Los parlamentarios tienen prisa porque para que la reforma entre en vigor en las elecciones de 2018 debe ser aprobada antes de octubre, aunque la tramitación es compleja porque hay que modificar la Constitución y para ello se necesita una amplia mayoría.
