"Deseo expresarse directamente mis más profundas condolencias y disculpa por la demora… en poner en servicio vehículos protectores alternativos que pudieron salvar vidas", reconoce el ministro Michael Fallon en una carta remitida a las familias de los militares que ha desvelado su representante legal.
Para las tropas desplegadas en Irak eran "ataúdes móviles" que no aguantaban la metralla de los explosivos ocultos por la insurgencia al borde de las carreteras.
Las tres familias han batallado legamente durante doce años para obtener finalmente la disculpa pública del Gobierno del Reino Unido.
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"Soy plenamente consciente del esfuerzo que ha requerido llevar este asunto ante la Justicia en este ultima década y reconozco el impacto significativo que ha tenido en usted y su familia", añade el titular de Defensa.
El ministerio hizo caso omiso de esta crucial sentencia, que extendió "las obligaciones" de las Fuerzas Armadas con las tropas "al campo de batalla", según recordó la abogada Jocelyn Cockburn en la nota difundida por su despacho Hodge Jones & Allen
Hubo que esperar a la investigación independiente sobre la invasión de Irak, la comisión Chilcot, para que el Gobierno reforzara la protección de los soldados enviados al frente.
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"El Gobierno acepta completamente las conclusiones de sir John Chilcot en la investigación de Irak en relación con el Snatch Land Rover", reconoce Fallon en la carta remitida a las familias.
El ministro añade que "hemos aprendido lecciones" del escándalo y garantiza que el "Gobierno asegurará la protección adecuada de nuestras Fuerzas Armadas".
La abogada advierte sin embargo que el gobernante Partido Conservador se comprometió en el último manifiesto a prohibir acciones legales de este tipo.
"Aunque la disculpa representa una postura de Defensa inusualmente abierta, no hay que olvidar que el Gobierno planea prevenir que soldados heridos y familiares de los fallecidos en combate interpongan casos similares en el futuro", alerta Cockburn.
La letrada teme que las tropas estarán "menos a salvo" si el Gobierno consigue "extender la 'inmunidad en el combate' y anular las protecciones en derechos humanos" ratificadas en la sentencia de la máxima instancia judicial del Reino Unido.
