"La decisión del Poder Judicial (de reabrir el caso) se basa en que no se han investigado correctamente los hechos ni la cadena de mando militar hacia arriba", dijo la responsable de la organización no gubernamental, que integra una red de expertos y defensores de los derechos humanos denominada Seguridad Sin Guerra.
Un juez federal concluyó el martes que la fiscalía no indagó acerca de una ordenanza militar que instruyó a las tropas "abatir delincuentes en horas de oscuridad", enviada a la base de operaciones de la patrulla militar involucrada, ni investigó la cadena de mando responsable, explicó la defensora de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En la noche del 30 de julio de 2014 y la madrugada siguiente ocurrió un enfrentamiento de una patrulla militar contra sicarios en una bodega del pueblo de Tlatlaya.
El resultado de ese enfrentamiento fue de un soldado herido y 22 supuestos delincuentes muertos; de ellos, entre 8 y 13 víctimas se habrían rendido pero también fueron presuntamente ejecutadas.
La madre de una menor de edad de 15 años, que murió en el enfrentamiento, fue presentada por los militares con otras dos mujeres como rescatadas de un supuesto secuestro, pero se convirtió en la principal testigo y solicitó reabrir el caso.
La Justicia falló a su favor y ordenó a la fiscalía federal presentar un cronograma con las nuevas diligencias a realizar.
Evidentes fallas
La directora del IMDHyD había asegurado en 2014 a Sputnik, un día después de los hechos, que el parte militar resultaba sospechoso.
La nueva investigación debe realizarse respetando "estándares internacionales y legislaciones nacionales", reclamó la experta.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal) dijo meses después del enfrentamiento que al menos ocho de las víctimas mortales se rindieron y fueron ejecutadas arbitrariamente y que las armas fueron colocadas sobre los cadáveres modificando la escena del crimen.
Sin embargo, ninguno de los militares involucrados se encuentra rindiendo cuentas ante la Justicia y "no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución, ni tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen", dijo en un posicionamiento colectivo Seguridad Sin Guerra, que encabeza el jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro SJ.
Entre las fallas de la investigación, la madre de la joven señaló graves violaciones a los derechos humanos por omisiones del Ministerio Público.
Entre ellas, asegura, "no se indagó la orden militar que instruye el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los soldados involucrados".
Poder judicial contra fiscalía
La Justicia consideró que hubo negligencia y que "se traducen en la falta de debida diligencia de la indagatoria".
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) negó los señalamientos y respondió que no incurrió en omisiones.
La Justicia determinó además evitar la fragmentación del expediente en varios tribunales, una práctica que ya ha ido señalada como distractora en otros casos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Ayotizinapa sobre la desaparición de 43 jóvenes.
"Hacemos un urgente llamado a que la PGR acate la importante resolución del juez y encamine sus esfuerzos hacia el esclarecimiento de esta emblemática violación a los derechos humanos" para que las ejecuciones arbitrarias "no queden impunes", dijo el posicionamiento de Seguridad Sin Guerra.
Las autoridades sostuvieron la versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería hasta que el testimonio de una de las testigos y sobreviviente, respaldado por pruebas recabadas por periodistas de la agencia Associated Press y la revista Esquire en español, revelaron que la mayoría de las víctimas se rindieron.
Los militares y autoridades judiciales "encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las testigos para callar lo que presenciaron", puntualizan las organizaciones no gubernamentales.
