"Si desde el Gobierno se hubiera mantenido una seguridad pública y trabajado para mejorarla, huyendo de la privatización, ahora no se tendrían que adoptar medidas de urgencia", afirmó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a través de un comunicado.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este 11 de agosto que, ante la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo 14 de agosto, se aumentará la presencia de agentes de la Guardia Civil en los controles de seguridad del aeropuerto.
Los trabajadores reclaman una subida salarial y más personal a la empresa Eulen, responsable de ofrecer el servicio tras resultar ganadora en un concurso público en el que pujó a la baja, lo que derivó en un paulatino empeoramiento de las condiciones de los empleados.
Este fin de semana los trabajadores realizarán paros parciales durante viernes y domingo, una huelga que se volverá indefinida a partir del lunes si no se alcanza un acuerdo antes.
"Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva", denuncia la AUGC.
El envío de efectivos de la Guardia Civil al aeropuerto no es el único movimiento del Ejecutivo para paliar los efectos de la huelga, ya que desde la Delegación del Gobierno en Barcelona se decretaron unos servicios mínimos del 90%.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau —perteneciente a una plataforma municipalista en la que participa Podemos—, valoró como "una barbaridad" que se plantee la posibilidad de usar a agentes para suplir a los huelguistas.
De la Serna, que culpa a los trabajadores de la falta de acuerdo, anunció este 11 de agosto que se encuentra estudiando la posibilidad de establecer un laudo de arbitraje obligatorio para garantizar el fin del conflicto, lo que según CCOO también vulnera el derecho huelga.
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Colau valoró que los trabajadores están haciendo un "uso legítimo" de su derecho a huelga, aunque emplazó a todas las partes implicadas a actuar con "responsabilidad" para acabar con un conflicto que, entre otras cosas, "daña la imagen internacional de la ciudad".
La actuación del Gobierno también fue criticada por el segundo partido con más peso a nivel nacional, el PSOE, que a través de su portavoz parlamentario José Luis Ábalos criticó la "excesiva privatización" en materia de seguridad.
En ese sentido, Ábalos recordó que, pese a su decisión de recurrir a una empresa privada, la responsabilidad final de ofrecer el servicio recae sobre el Gobierno y Aena.
