"Fue sancionado al cumplimiento de quince meses de prisión, más las accesorias de ley; asimismo, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio El Hatillo del estado bolivariano de Miranda (norte) y se declara su falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como también se declara su inhabilitación política", dijo el TSJ en su fallo, difundido este jueves.
En el texto se informa que el alcalde quedó a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en cuya sede capitalina será recluido una vez sea capturado.
"Permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional, al dar lectura de la sentencia.
De igual forma, se mantiene la medida de prohibición de salida del país contra Smolansky, decretada el lunes pasado para garantizar su aprehensión, pues el alcalde no compareció a la audiencia y se desconoce su paradero.
La Sala Constitucional ordenó al Sebin tramitar un pedido de alerta roja a los servicios de Interpol para lograr su ubicación y captura fuera del territorio nacional.
Tras conocerse el fallo, Smolansky llamó a los ciudadanos a salir a las calles a manifestar su repudio a la sentencia.
“Soy el alcalde número 12 que es destituido, al ritmo que vamos no quedará ningún alcalde de la Unidad en el país (…) mi compromiso por rescatar las libertades de Venezuela sigue intacto (…) El llamado es que salgamos a defender El Hatillo”, dijo Smolansky en un video publicado en Twitter.
Smolansky es el quinto alcalde opositor en ser condenado a prisión, pues el martes el Poder Judicial dictó una sentencia similar contra el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, quien también fue inhabilitado, sentenciado a 15 de meses de prisión y se encuentra prófugo de la justicia.
Otros juzgados y condenados en las últimas semanas son Gustavo Marcano, del municipio de Lechería, (este), Alfredo Ramos, de Iribarren (oeste), Carlos García, de Mérida (oeste), y José Barreras, de Cabudare (noroeste).
Marcano salió del país, Ramos está preso en el Helicoide del Sebin, García se mantiene en la clandestinidad y a Barreras se le ordenó implementar mecanismos para promover la paz y la conciliación de forma que pueda garantizar la protección de los vecinos de su municipio.
Estas sentencias surgen luego de las intensas protestas opositoras que comenzaron en abril y dejaron más de 120 muertos, y a pocos meses de las elecciones regionales pautadas para el 10 de diciembre.
El constituyente oficialista Diosdado Cabello advirtió recientemente que los candidatos de oposición que deseen participar en esas elecciones deberán solicitar a la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente un certificado de buena conducta.
