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Poderes públicos venezolanos obligados a cumplir actos que emanen de la constituyente

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsDelcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente - Sputnik Mundo
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CARACAS (Sputnik) — Todos los actos que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela deben ser acatados por los poderes del Estado, aunque eso no significa un menoscabo de sus funciones esenciales, dijo la presidenta de ese órgano, Delcy Rodríguez.

"Todos los organismos del poder público quedan subordinados a la ANC y están obligado a cumplir y a hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública y soberanía e independencia nacional", dijo Rodríguez. 

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La funcionaria dio lectura al Decreto de Convivencia entre los Poderes Públicos, aprobado el miércoles por la ANC y cuyo texto seguía sin ser publicado el jueves ni en la Gaceta Oficial ni en los medios de comunicación locales.

Según Rodríguez, esta subordinación a la ANC se realizará "sin menoscabo de las funciones consustanciales de cada rama del poder público".

"Eso desarticula las falserías mediáticas, esto desmiente por completo las versiones de la dirigencia opositora, que permanente y sistemáticamente mienten al país y a la comunidad internacional", añadió.

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El decreto también indica que la ANC podrá limitar o decidir el cese de las actividades de las autoridades que conforman el poder público.

Además, la ANC podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público "y eso es de cumplimiento inmediato", dijo la presidenta.

El decreto, según Rodríguez, busca establecer el pleno funcionamiento de la ANC con base en el artículo 349 de la Constitución vigente.

Ese artículo establece que "…los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".

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La presidenta de la ANC señaló que el decreto permite la subsanación y la regulación de presuntas "malformaciones y desviaciones de poder".

Sin embargo, el decreto fue adoptado el miércoles, cuatro días después de que la ANC destituyera a la fiscal general, Luisa Ortega, y nombrara en su lugar a Tarek William Saab y dos días después de que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) aprobara una resolución para desconocer a la constituyente y todas las decisiones que esta adopte.

El jueves por la tarde estaba previsto que el presidente Nicolás Maduro asistiera a una nueva sesión de la ANC.

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