La declaración de 16 puntos, firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, "condena la ruptura del orden democrático en Venezuela" y expresa "su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo".
El punto 4 indica que "los actos jurídicos que conforme a la Constitución de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado".
El canciller de México, Luis Videgaray, explicó que esos actos jurídicos son "los contratos de endeudamiento, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública" adoptados por el Gobierno de Nicolás Maduro y que no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución venezolana así lo requiere.
También se decidió "no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales" y hacer un "llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas".
La declaración advierte asimismo que "Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".
Los diplomáticos manifestaron también "su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela".
El documento expresa "apoyo y solidaridad con la fiscal general (Luisa Ortega) y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Ortega, quien manifestó varias discrepancias en los últimos meses con el Gobierno de Nicolás Maduro, fue destituida el sábado por la ANC y está sometida a antejuicio de mérito por "faltas graves".
Los diplomáticos resolvieron mantener este grupo como ámbito de seguimiento permanente sobre la situación venezolana y volver a reunirse en septiembre, durante la inauguración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Por último, los cancilleres manifestaron "su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país".
También enviaron representantes a Lima, aunque no firmaron la declaración, los gobiernos de Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay.
