"Entiendo que el avance del hecho debe ser suspendido hasta que el asunto se decida, visto que el eventual acatamiento de las pretensiones [de los abogados de los acusados] podría llevar a anular todo el proceso, haciendo inútiles los actos eventualmente practicados", dijo el juez Jaques de Queiroz Ferreira en una decisión firmada el pasado 4 de julio y develada el 7 de agosto por el diario O Globo.
La defensa de Ricardo Vescovi y Kleber Terra, directivos de la empresa minera Samarco responsable del desastre, pidieron que se anulara el proceso alegando que las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores sobrepasaron el periodo judicialmente autorizado, por lo que esas pruebas no podrían ser usadas.
Las empresas también están acusadas de un delito ambiental contra la fauna y la flora y contra el orden urbano, mientras la consultora VogBR (que se encargaba de controlar la barrera que se rompió) y uno de sus ingenieros también están acusados de un delito de falsificación de permiso ambiental.
La Fiscalía pidió penas de cárcel de hasta 54 años, además de multas y reparación de los daños al ambiente y a las víctimas, pero el proceso está paralizado y pendiente de una decisión firme sobre su validez legal.
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La rotura del dique provocó un derrame de 35.000 millones de litros de lodo tóxico sobre el río Doce, devastó el poblado de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, y contaminó 650 kilómetros de recorrido fluvial, entre esa localidad y la costa del estado de Espírito Santo sobre el océano Atlántico.
