"El ente de control ve con preocupación que las medidas adoptadas, como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), desde mayo de 2017, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, son insuficientes para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos que ingresan al país", indicó la Procuraduría en un manifiesto entregado este viernes a la prensa.
El documento de la Procuraduría instó también a la Cancillería y a Migración Colombia a cobijar los derechos de los venezolanos que han ingresado de manera irregular.
Asimismo, solicitó tener en cuenta las obligaciones que en materia de protección a migrantes y peticionarios de refugio le competen al Estado colombiano, de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos.
"Es preocupante que frente al tema haya una política de la Cancillería y Migración Colombia que se dedica a multar, restringir y deportar, así como la demora en el trámite de las crecientes solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos", destacó el delegado de la Procuraduría para la Defensa de los derechos humanos, Gabriel Cera Cantillo.
Por último, el Ministerio Público hizo una serie de recomendaciones a las autoridades de inmigración en Colombia para que protejan los derechos humanos de los venezolanos que permanecen en el país, como revisar los avances que frente al tema han venido adelantado países como Perú, Chile y México.
La situación en Venezuela ha generado la migración de miles de ciudadanos hacia otros países, la mayoría de los cuales busca refugio en Colombia o hacen tránsito hacia otros lugares, como Chile.
