"En caso de arribarse a alguna de las alternativas que plantea la CIDH como salida a la cautelar a la que hizo lugar, desde el Ministerio Publico Fiscal se va a postular que se cumpla con el arresto domiciliario", señaló Lello Sánchez en declaraciones a la prensa local recogidas por el diario El Tribuno.
"Supongo que el Superior Tribunal de Justicia (de Jujuy) remitirá las actuaciones a los dos jueces que dictaron las preventivas, quienes deberán resolver conforme a las recomendaciones de la CIDH, previo correr vista a las partes", añadió.
En su resolución del 21 de este mes, la CIDH aconsejó al Estado argentino "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".
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Pese a manifestarse a favor de respetar los reclamos del organismo, Lello Sánchez dejó en evidencia su desacuerdo con las conclusiones de la resolución.
El fiscal agregó que la CIDH, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "es un órgano político, y tal como lo vienen diciendo desde la defensa de Milagro Sala, su estrategia siempre fue llegar a una decisión política".
Razones esgrimidas
Si se evalúan los expedientes judiciales en los que está involucrada la líder de la organización barrial Tupac Amaru, se puede observar que "no se desvirtuó ninguna de las hipótesis del Ministerio vinculadas a la atribución de ilícitos a su persona", añadió el fiscal general.
"Ella se comprometió a estar a derecho en el proceso y no cumplió, por lo tanto, los argumentos de la detención están sólidamente justificados por la justicia jujeña", aseguró.
Elegida como parlamentaria del Mercado Común del Sur en diciembre de 2015, Sala no pudo asumir su cargo por estar detenida desde el mes siguiente también por "incumplimientos procesales (..), un detalle que no aborda la CIDH", consideró el fiscal.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó durante el pasado fin de semana que no estaba de acuerdo con que el organismo internacional otorgara "el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos", aunque admitió que las cautelares de la CIDH son obligatorias.
La dirigente social fue encarcelada en enero de 2016 por liderar un escrache en 2009 contra Morales, que por entonces era senador.
Un juez provincial autorizó su excarcelación a los pocos días, pero Sala continuó en detención preventiva por otra denuncia de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales.
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Con su disposición del pasado viernes, la CIDH concedió por primera vez en su historia una medida cautelar relacionada con la libertad de una persona.
