"Esas duras condenas no concuerdan con el derecho internacional porque Marruecos es una potencia ocupante en el Sáhara Occidental y no le corresponde juzgar a su población", afirmó en declaraciones a Sputnik el delegado del Frente Polisario en Madrid, Abdullah Arabi.
El pasado 19 de julio, el Tribunal de Apelación de Salé sentenció a cadena perpetua a ocho activistas saharauis al tiempo que decretó penas de prisión para otros tres y condenas de 25 años para cinco de ellos por la muerte de 11 policías en 2010.
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— Hassanna Aalia (@HassannaAalia) 27 de julio de 2017
Estos sucesos ocurrieron, presuntamente, durante el desalojo de Gdeim Izik —bautizado como campamento dignidad—, que en 2010 consiguió congregar a más de 20.000 personas a unos 15 kilómetros de El Aaiún para protestar por la ocupación marroquí y las condiciones de vida saharauis.
Esa protesta terminó cuando las fuerzas marroquíes irrumpieron violentamente en el campamento el 9 de noviembre con la intención desmantelarlo.
"Nos manifestamos ante un juicio farsa que viola el derecho internacional y ante un silencio cómplice de la comunidad internacional, que exige respeto a los derechos humanos en otras partes del mundo y se olvida del Sáhara Occidental", añade el representante del Frente Polisario.
"La respuesta de España fue nefasta, no hubo ninguna reacción por parte del Gobierno", señala Abdullah Arabi, antes de recordar —en clara referencia a Venezuela— que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene "una fijación permanente con la situación de los derechos humanos en otros países".
El representante saharaui dice entender que España quiera mantener las mejores relaciones con Marruecos, pero opina que ello no debe ser óbice para "exigir el cumplimiento de la legalidad internacional respeto al Sáhara Occidental".
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En opinión de Abdullah, tanto la Unión Europea como España —todavía potencia administradora del Sáhara Occidental— miran hacia otro lado sobre la existencia de "presos políticos saharauis" por sus "intereses comerciales" en Marruecos.
Apoyos en España
"Exigimos la nulidad de estos juicios, donde se han violado los derechos humanos y se han vulnerado los derechos procesales fundamentales", afirmó en conversación con esta agencia Pablo Bustinduy, encargado de la Secretaría de Internacional de Podemos.
A su modo de ver, las condenas contra activistas saharauis son "inaceptables" y tanto España como la Unión Europea deben ofrecer una respuesta dirigida a conseguir la nulidad de los juicios.
"España sacrifica los principios fundamentales de su política exterior a cambio de una geopolítica mal entendida: creen que la manera de priorizar una buena relación con Marruecos es sacrificando los derechos humanos y obviando la responsabilidad histórica española con el Sáhara", expone Bustinduy.
Por su parte, la eurodiputada Paloma López (Izquierda Unida) señala a esta agencia que el juicio contra los activistas fue "una farsa donde las pruebas fueron manipuladas y no se respetaron las más mínimas normas de un Estado de derecho".
"No se dejó testificar en las mismas condiciones a los testigos de las dos partes y se sometió a tortura a los prisioneros", relata.
En su opinión, la falta de respuesta de España se debe a que el Gobierno de Mariano Rajoy está "completamente vendido a Marruecos" por "múltiples motivos".
Entre esos motivos, opina la eurodiputada, se encuentran las labores de policía fronteriza que Marruecos hace en la frontera sur española, la cercanía de las monarquías de ambos países y los intereses económicos compartidos.
En cuanto al papel de la Unión Europea, Paloma López considera que hay un "juego geopolítico" donde, además de defender sus intereses comerciales, países como España y Francia ejercen una "incidencia muy fuerte" para proteger su relación preferente con Rabat.
