"En el momento ahora vivido por Brasil, de exacerbado desequilibrio presupuestario, cuando el Gobierno trabaja con un déficit billonario, decisiones judiciales como la que se analiza solo sirven para agravar las dificultades de mantenimiento de los servicios públicos y del funcionamiento del aparato estatal, abriendo el camino para un completo descontrol del país, incluso hasta un total desgobierno", escribió el juez en su decisión.
El 21 de julio entró en vigor la norma del Gobierno que eleva los impuestos sobre la gasolina, el diésel y el etanol.
La tributación de la gasolina, por ejemplo, se dobló y pasó a suponer para los conductores 0,89 céntimos de real (0,31 dólares) por cada litro.
La decisión despertó las quejas de usuarios y de empresarios, como los integrados en la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), la patronal más importante del país.
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Poco después de su entrada en vigor el juez del Distrito Federal Renato Borelli canceló de forma cautelar la aplicación de la norma argumentando fallos de forma, como que el Gobierno había implantado la medida a través de un decreto cuando debería haberlo hecho con una ley ordinaria.