"Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión", afirmó Puigdemont durante la entrevista.
A su modo de ver, el Parlamento catalán es la única institución con autoridad suficiente para apartarle de su cargo.
"No renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional", aseveró el dirigente independentista, convencido de que "ninguna suspensión y ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática".
Pese a que la ley elaborada por los grupos independentistas para dar cobertura legal al referéndum no contempla un mínimo de participación para dar validez a su resultado, el presidente catalán avanzó que "una participación ridícula equivaldría a perder el referéndum".
De acuerdo con un sondeo publicado el pasado viernes por el Centro de Estudios de Opinión —organismo dependiente del Gobierno catalán— un 67,5% de los catalanes tiene intención de participar en el referéndum de octubre.
En cuanto a la campaña electoral previa al referéndum, Puigdemont adelantó que el Ejecutivo autonómico no pedirá el voto en favor de la independencia.
No obstante, el dirigente autonómico matizó que Cataluña no será un Estado independiente a todos los efectos hasta que culmine un proceso constituyente consistente en unas primeras elecciones nacionales y en la redacción de una Constitución que se someterá a referéndum.
"Cataluña empezará a actuar como estado independiente, pero no lo será de derecho hasta que esta transición culmine", dijo Puigdemont.
El Gobierno central, en cambio, volvió a mostrar el 24 de julio su convencimiento de que no se celebrará ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña porque cualquier actuación relacionada con su preparación y ejecución será detenida por el poder judicial.
"La Comunidad Autónoma de Cataluña no va a preparar ese referéndum y cualquier actuación preparatoria va a obtener su correspondiente respuesta", afirmó en declaraciones a la prensa la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según Santamaría, el Gobierno central y la administración de Justicia tienen capacidad para evitar "que se altere el marco de convivencia de todos los españoles" mediante un "referéndum ilegal".