"El problema radicó especialmente en que no hubo una buena planificación ni coordinación en el equipo de la Secretaría General, que debe encargarse de generar la disciplina legislativa y no previó lo que sucedió", dijo Arce.
La Secretaría General de la Presidencia, liderada por el ministro Nicolás Eyzaguirre, es el despacho del Poder Ejecutivo encargado de alinear a los parlamentarios.
El problema surgió al momento del voto, cuando seis diputados de la coalición gobernante Nueva Mayoría se abstuvieron o votaron en contra, por lo que no se alcanzaron los 67 apoyos necesarios para su despacho final.
Para Arce este fue un problema de organización de Eyzaguirre, quien debió en primer lugar alinear a los parlamentarios oficialistas detrás de una de las principales iniciativas de la presidenta Michelle Bachelet.
Dos diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), parte de la coalición gobernante, votaron en contra del proyecto, como ya habían anunciado, por lo que la Secretaría General de la Presidencia no tuvo mucho para hacer, según Arce.
Arce considera que eso sí debió haber sido advertido por el despacho de Eyzaguirre.
Los otros tres diputados descolgados de Nueva Mayoría, dos del Partido Radical y uno del Partido Por la Democracia, utilizaron un mecanismo llamado "pareo", un acuerdo de palabra entre dos congresistas de bancadas opuestas que se comprometen a abstenerse durante las votaciones cuando el otro no está, como una forma de equilibrar la balanza.
Esto tampoco fue previsto por Eyzaguirre, acotó Arce.
Para la politóloga es muy posible que el proyecto sea aprobado en la comisión mixta, pero el trámite más difícil será ante el Tribunal Constitucional (TC).
Un grupo de parlamentarios de oposición anunció que, de ser aprobado el proyecto en la comisión mixta, recurrirán al TC para que declare inconstitucional la ley, porque consideran que vulnera el derecho a la vida.
El TC consta de 10 magistrados y, en caso de un empate en la votación, es el presidente quien toma la decisión final.
Por esta razón, el Gobierno intentará que el proyecto se despache antes de agosto, explicó Arce.
La iniciativa enviada por Bachelet al Congreso en 2015 propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay peligro de vida para la mujer, cuando existe inviabilidad fetal de carácter letal y ante un embarazo por violación.
